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Las declaraciones completas del ministro de justicia sobre el anteproyecto de la LES

Mucho se está hablando en blogs, redes sociales y Twitter sobre las declaraciones realizadas por el ministro de justicia tras el consejo de ministros, y mi impresión es que  muchas de esas opiniones las emiten quienes no han escuchado la rueda de prensa.

Sin duda  habrá que esperar al martes-miércoles  para tener en nuestras manos el texto del anteproyecto para formarnos una idea realista del alcance del mismo, pero a falta de pan, buenas son las declaraciones literales del propio Caamaño. Aquí las tienen:

Pregunta: ¿Finalmente han introducido algún cambio en la LES, relacionado con las descargas en Internet y con las WEBS?

MINISTRO DE JUSTICIA : Con la Ley de Economía Sostenible se ha establecido un procedimiento ágil, eficaz, y, sobre todo, con las máximas garantías para los derechos que pueden estar en conflicto. Es decir: por un lado el derecho de propiedad intelectual –que es un derecho fundamental- y por otro, los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la información.

Ese procedimiento descansa sobre una pieza clave que es la autorización judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo respecto de páginas web o cualquier otro lugar donde se produzcan actividades que afecten a alguno de estos derechos en conflicto. Para ello se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual y se le permite recibir quejas de los ciudadanos. Poder investigar, por tanto, si se producen actos lesivos de la propiedad intelectual en algunos de los elementos y del entorno digital y, sobre todo, de Internet. Y en consecuencia de ello, ponerlo en conocimiento, primero del titular de la página, advirtiéndole de lo que ocurre, y en segundo lugar -si no se adoptase ningún tipo de medida-, ponerlo en conocimiento del juez para que el juez autorice, en su caso, que se pueda bloquear el acceso a esa página web. Por tanto, es el juez quien va a ponderar el conflicto entre derechos fundamentales que se pueda producir.

Máximas garantías para los derechos, y en consecuencia también, un procedimiento que preocupaba muy ágil y muy eficaz que brevemente voy a relatarles.

Como saben, los procedimientos más ágiles que tenemos en nuestro sistema judicial son los que tienen que ver con la protección de los Derechos Fundamentales. Y dentro de ellos hay uno que es muy rápido, el más rápido de todos, ése es precisamente, al que se hace referencia creándose un nuevo Artículo 122 en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es donde se regula el procedimiento de protección de los Derechos Fundamentales de los españoles.

Ese procedimiento le dice al juez que tiene en el plazo máximo de cuatro días, una vez que reciba ese informe de la Comisión, que convocar a las partes y resolver por auto la medida procedente acerca de si se puede adoptar o no alguna medida en cierres o en bloqueos y accesos a páginas como consecuencia de que estén en juego o se estén vulnerando derechos que afecten a la propiedad intelectual.

Por tanto agilidad, eficacia y máximas garantías. Creo que es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista de armonizar, como decía la Vicepresidenta,los Derechos Fundamentales que están en juego.

Pregunta: Entonces, ¿es el juez quien finalmente toma la decisión de si se cierra una WEB o no?

MINISTRO DE JUSTICIA : Por supuesto. Es necesaria siempre autorización judicial previa, para poder tomar esa decisión. En un procedimiento ágil que, como máximo, dura 4 días y en el que el juez tiene que oír a las partes y tomar una decisión sobre si acuerda la medida o no.

Pregunta: Los cambios que se han introducido hoy ¿aparecen en la Disposición Adicional de la LES o en un Reglamento aparte?

MINISTRO DE JUSTICIA : Los cambios que se han introducido exigen Ley y alguno de ellos, Ley orgánica, porque para atribuir esas competencias al juez hay que modificar la Ley orgánica del Poder Judicial y, por eso, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Proyecto de Ley complementario a la Ley de Economía Sostenible, precisamente para atribuir esa competencia de control y autorización previa a los jueces, de manera clara e inequívoca.

Pregunta ¿Las decisiones sobre las descargas de Internet recaerán sobre tribunales ordinarios o se plantean crear un tipo de juzgado específico?

MINISTRO DE JUSTICIA : El principio general es el del juez natural predeterminado por la Ley, pero en esta cuestión es muy difícil ubicar en qué lugar de todo el territorio se encuentra la página o el emisor. Por tanto, se ha buscado una solución –como en otros muchos supuestos- que es atribuirlo a la Audiencia Nacional. Y, en particular, a los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo. Por tanto serán estos jueces los encargados. De ahí la necesidad de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial.

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18 Comentarios

  1. Publicado el 08 de enero de 2010 a las 16:52 | Enlace permanente

    César, no dice que entre en el fondo del asunto (como me pareció entender en directo). Es más, del párrafo “Ese procedimiento descansa sobre una pieza clave que es la autorización judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo respecto de páginas web o cualquier otro lugar donde se produzcan actividades que afecten a alguno de estos derechos en conflicto.” casi cabe deducir lo contrario, que si no hay derechos en conflicto no aplica la autorización judicial.

    Es cierto que luego dice que siempre habrá autorización judicial previa al cierre, pero de nuevo no aclara si el juez sólo estima si hay derechos fundamentales en juego y no entra en el fondo del asunto que es si hay o no violación de derechos de propiedad intelectual.

  2. Publicado el 08 de enero de 2010 a las 16:59 | Enlace permanente

    Puf, puf, repuf.
    Paso de comentar más sobre el tema hasta tener la Ley en la mano.
    No me queda claro que entre al fondo del asunto el juez.
    Aunque igual los procedimientos de cuatro días serían necesarios para otras guerras y no para esta batalla.

  3. Jorge
    Publicado el 08 de enero de 2010 a las 17:09 | Enlace permanente

    No cuela. Cuando dice: “es el juez quien va a ponderar el conflicto entre derechos fundamentales que se pueda producir” caemos en el error de base de creer que la propiedad intelectual y los derechos de autor son un derecho fundamental. No hay pues tal conflicto, ya que los únicos derechos fundamentales que pueden quedar afectados son los de la persona a la que se le cierre la web. Y el juez sólo entendería de esa ficticia colisión, no del fondo del asunto. Mire, que es indefendible, se ponga como se ponga. Decir como ha hecho el ministro que la propiedad intelectual es un derecho fundamental, es de traca.

  4. Publicado el 08 de enero de 2010 a las 22:47 | Enlace permanente

    Os recomiendo leer el post del blog de Sevach
    http://www.contencioso.es
    Saludos

  5. Juan
    Publicado el 09 de enero de 2010 a las 15:55 | Enlace permanente

    César, lo que me parece terrible es que no cuestiones la afirmación de un ministro de que la propiedad intelectual es un “derecho fundamental”. Es fundamental para quienes lo ideal es que se tuviera que pagar SIEMPRE por acceder a una obra, y resulta alucinante que la industria haya logrado que un ministro diga eso en una rueda de prensa.

  6. Publicado el 09 de enero de 2010 a las 16:30 | Enlace permanente

    Sinceramente, espero que la idea que dejó traslucir Caamaño del conflicto entre dos derechos fundamentales sea un lapsus linguae fruto de los nervios de una declaración pública.

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