César acaba de compartir la triste noticia de la violación en grupo de una mujer por sus compañeros, empleados de la empresa KBR en Irak. La cadena ABC dio a conocer la noticia, como anticipo de la próxima emisión de un informativo que viene preparando el equipo del programa de actualidades ‘20/20’, sobre la práctica generalizada de emplear empresas privadas en Irak para su “reconstrucción” por el gobierno de Bush – y sus efectos colaterales.

Para encajar mi comentario al respecto, voy a colocarlo en paralelo con otra noticia, también publicada por la misma cadena estadounidense, sobre un caso que “normalmente” se rubricaría en las secciones de sucesos o sociedad: es el estremecedor caso de la familia Catsouras, a raíz del accidente de tráfico en el que el pasado día 31 de octubre, día de Halloween, murió su hija de 18 años, Nikki. La joven había tomado sin permiso el Porsche 911 de su padre, y acabó estrellándolo a 160 kilómetros por hora en una autopista cerca de Los Ángeles. Como es lógico, los agentes de la policía estatal de tráfico (la California Highway Patrol o CHP) tomaron fotografías de la situación para su informe – incluyendo del cuerpo decapitado de la joven.

Sin embargo y de manera incomprensible, esas horrorosas fotografías se filtraron a personas ajenas, y acabaron rodando por la Red. Probablemente incidió mucho la circunstancia del día de Halloween; el caso es que poco después empezaron a llegar emails a los buzones de la familia Catsouras, con esas mismas imágenes bárbaras, reproducidas entretanto y al aparecer en unos 1.600 sitios web. Sobran comentarios sobre la condición humana. Igual de plano es que la familia haya iniciado entretanto los trámites de una querella contra la CHP, que ya envió una carta a la familia Catsouras, en la que se admite una “quiebra de reglas internas”, aún sin asumir responsabilidades legales; ya se las veían venir.

El eje por el que conecto o comparo estos dos casos es simplemente este: en ambos casos, se trata de un horrible suceso en el que se busca dirimir responsabilidades de los principales actores implicados. Para la familia Catsouras, según informa el equipo de ABC News, un juez ya admitió a trámite su querella. Cabe recordar que los hechos denunciados por la familia Catsouras se produjeron durante el último mes y pico. En el caso de Jamie Leigh Jones, la mujer violada en Irak, los hechos pendientes de resolución ante un tribunal federal se produjeron hace más de dos años. La querella de Jamie va en un principio contra la multinacional Halliburton, que en el momento de producirse los hechos denunciados aún era propietaria de KBR – la empresa para la cual trabajaban tanto ella como sus presuntos violadores – y que también es parte acusada. Hasta la fecha, los fiscales federales no han abierto una causa por lo criminal. Es más: según informa ABC, no hay rastro alguno de que exista una investigación abierta por cualquier agencia federal de los hechos.

En el caso de la familia Catsouras, hay un cauce por el que se puede pronunciar la justicia mediante un proceso por lo civil amparado por el sistema judicial del estado de California; en el caso de Jamie, no hay vistas – ni a dos años de los hechos denunciados – de un proceso por lo criminal, debido a una aparente inercia administrativa a nivel federal, reacia a exigir responsabilidades ante sus propios contratistas, por lo que al final se planteó perseguirlo por la vía civil.

A mi modo de verlo, éste es precisamente el meollo de la cuestión: el sistemático y sistematizado hábito del gobierno de Bush de conceder en macro contratos no solo muchas tareas vitales, sino también su supervisión práctica a empresas privadas, y eso mediante contratos repletos de cláusulas de escape y de exención preventiva de responsabilidades por los “percances” que se produzcan, cediéndose con ello la responsabilidad de supervisión adecuada de tareas que pertenecieron y deben pertenecer siempre al ámbito de control directo por las administraciones públicas.

Esta adicción a romper sistemáticamente el molde de responsabilidades gubernamentales y administrativas se viene mostrando desde el principio de la primera etapa del gobierno de Bush. Un claro ejemplo está en el nombramiento como jefa del Departamento del Interior (encargado de la supervisión y la conservación de las tierras de propiedad federal – y por ello, muy relacionado con temas de ecología) a la ultra-liberal Gale Norton, con un perfil y un historial repleto de férrea abogacía por el empleo de recursos naturales al libre antojo del sector privado, que para más inri tuvo como adjunto al nada menos contradictorio Steven Griles. O las múltiples connivencias entre la Casa Blanca y el sector de hidrocarburos, en cuyas manos se puso prácticamente el desarrollo de su propia legislación. Otros ejemplos sonados son el nombramiento de Richard Stickler como responsable de la MSHA, la agencia federal de seguridad minera, o del inepto de Michael Brown como responsable de la agencia de respuesta federal ante emergencias FEMA. Podría continuar por muchas entradas con ejemplos así.

El caso es que la privatización de la guerra de Irak viene de lejos. El asombroso y chocante fenómeno de multinacionales que se enriquecen a costa del contribuyente mediante mega contratos y actuando con máxima discreción y, más que nada, impunidad, es una muestra, un síntoma más, del grado de desprecio y hasta desmoronamiento intencionado existente desde el mismísimo núcleo administrativo, en la Casa Blanca, por adeptos de una corriente que opina que el propio gobierno federal es un enemigo a batir; que su desmoronamiento y debilitación, en trozos otorgados con un máximo ejercicio de discreción subjetiva a empresas mediante contratos opacos, es lo que “conviene” al país. De ahí que ni el astronómico gasto de la guerra en Irak les preocupa; diría más bien lo contrario, que les conviene en sus propósitos.

Vamos, que Jamie Leigh Jones no es la única víctima de una violación en grupo del propio Estado – desde dentro.

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